La legislación del juego se haya en el ojo de la tormenta. Luego de que la Cámara de Diputados aprobara la reforma a la normativa, surgieron cuestionamientos y críticas. El sector privado de la industria del juego no atraviesa un buen momento en su modalidad presencial ni online. Los emprendimientos del Estado, en cambio, gozan de más flexibilidades y prosperidad.
SELAE invierte €55 millones en publicidad en 2022. (©Hermann/Pixabay)
Duros cuestionamientos desde el Grupo Parlamentario Popular
La ley de juego parece haberse instalado en un lugar de centralidad en la agenda política española. La reforma aprobada por los diputados este mes ya ha sido el objeto de varias críticas desde distintos espacios partidarios y empresariales. La diputada del PP que forma parte del Grupo Parlamentario Popular, Elena Castillo, tuvo una intervención muy acalorada en el debate en la cámara, y su repercusión no tardó en hacerse oír.
La diputada se refirió con palabras severas a la enmienda que está en marcha, así como a la gestión de Pedro Sánchez. Para Castillo, el gobierno ha tomado el camino erróneo en su trabajo con la industria del juego. En efecto, la legisladora hace eco de numerosas organizaciones que aglomeran a las empresas de juego de España.
Castillo se refirió al hecho de que el Estado gasta más de €55 millones en publicidad para las loterías públicas, mientras que solo destina €2 millones para el tratamiento y prevención del juego compulsivo. El presupuesto para la SELAE de este año llegó a su récord, tal como señala la diputada. El objetivo de las autoridades a cargo es revitalizar la propuesta, que se nutre de un público de avanzada edad y no tiene un recambio generacional de mercado.
La representante del Grupo Parlamentario Popular expuso también que el PP ya presentó su propio proyecto de enmienda. En ese documento se intentaría dar una normativa más homogénea para toda la industria del juego, sin diferenciar entre el sector público y el sector privado. Castillo cuestionó la falta de interés de las autoridades del oficialismo en tratar esta proyecto.
La trayectoria de la modificación a la ley
En marzo de este año, en el Congreso de Diputados se comenzó a hablar de la posibilidad de una enmienda a la normativa. Esto fue durante la exposición de Rafael Escudero Alday, Secretario General de Consumo y Juego ante la Comisión de Sanidad y Consumo. En medio de una crisis en la industria, la regulación reclamaba que se revisaran algunos de sus puntos.
Sin embargo, lejos de acoplarse al pedido de los organismos empresariales, la ley tomó un espíritu aun más restrictivo, con sanciones y límites para la operación de los privados. Esto atañe tanto a las salas de tierra como a los casinos online y las casas de apuestas. También se instalaron modificaciones que, según denunció la diputada Casillo, no están estrictamente relacionadas con la industria del juego.
Tras su aprobación entre los diputados por 200 votos a favor, cero en contra, y 148 abstenciones, se espera por su paso por el Senado. De ser aprobada nuevamente, volverá a la Cámara de Diputados para su revisión final y puesta en marcha. Para oficializarse, deberá ser publicada en el Boletín Oficial. Las miradas de sector están atentas a la evolución de este proceso legislativo.
En verdad, una mirada al pasado inmediato refleja una trayectoria coherente del gobierno de Pedro Sánchez. La postura hacia la industria del juego ha sido de poca cooperación desde un principio. Esta característica se ha exacerbado desde el Real Decreto 958/2020 y la disminución en los ingresos de las empresas.
Un intento por recuperar territorio
En lo que va del año, ya son tres las agrupaciones de empresas que se han pronunciado sobre la caída de la productividad. En todos los casos se apuntó al gobierno como principal responsable de la pobre gestión del área. El primero de ellos fue el reclamo de Jdigital, el gremio que agrupa a los operadores de juego digital. Esta patronal analizó la caída del primer trimestre del año con la misma óptica que la diputada Castillo: la desigualdad de reglas entre el sector público y privado genera una brecha en la competencia legal.
Desde la Asociación Española de Empresarios de Salones de Juego y Recreativos (ANESAR) también emitieron un comunicado para reclamarle más atención a las autoridades del Poder Ejecutivo. El presidente de la entidad, José Vall, las medidas de restricción no hacen más que ahogar las iniciativas y dificultar el progreso legal y seguro de la actividad.
Finalmente, el Consejo Empresarial del Sector del Juego Privado (CeJuego) se pronunció sobre las diferencias entre la gestión pública y privada del sector. Mientras que las empresas privadas han logrado reducir los indicadores de adicción, las loterías y rascas del Estado lideran la lista de juegos problemáticos. Sin embargo, no a estas actividades se les da un fomento multiplicado, mientras que a los emprendimientos privados se les ponen restricciones excesivas. Tal parece ser el tenor de la contienda política en España al día de hoy, en medio de las modificaciones legislativas.
nan
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