La Autoridad de Fiscalización del Juego (AJ) ha llevado adelante operativos para decomisar máquinas de azar sin licencia. El departamento de Santa Cruz, y en particular su capital, representa la gran mayoría de los casos. En los últimos doce años, el gobierno incautó más de 20.000 juegos en condición clandestina. Continúan los avances por las apuestas seguras y responsables.
La AJ, ajustando las tuercas del juego boliviano. (©Ays Be/Unsplash)
Por una industria libre de ofertas clandestinas
El juego responsable es uno de los ejes de las autoridades bolivianas de control. Así ha quedado demostrado en la gestión de la Autoridad de Fiscalización del Juego (AJ), entidad que está encargada de la supervisión de la industria de las apuestas en el país. En el período que va desde enero a septiembre de este año, la cantidad de juegos ilegales que fueron incautados llegó a 782.
La lucha contra el juego clandestino es uno de los principales objetivos tanto del Estado como de los privados. En Bolivia proliferan las tragamonedas sin licencia y los establecimientos no habilitados, en especial luego de la gestión del gobierno anterior, en el que se emitieron permisos que tuvieron que ser revocados. Actualmente se está llevando a cabo un proceso de blanqueo de los operadores certificados.
La AJ fue creada en el año 2011 y desde entonces ha incautado 20.018 máquinas en estado ilegal. El 62,4% de ese total corresponde a los 790 operativos policiales llevados a cabo en el departamento de Santa Cruz. De los 782 juegos secuestrados en lo que va del 2022, Santa Cruz representa el 74,4% de los casos, con 52 operativos. Los dos últimos fueron realizados en el mes de septiembre, y como consecuencia se decomisaron 83 máquinas sin licencia.
En segundo lugar, se encuentra el distrito de Cochabamba, que desde el 2011 vio 282 operativos de fuerza. Estos resultaron en 2.497 tragamonedas incautados. El departamento de La Paz es el tercer en decomisos, con 2.313 máquinas requisada a lo largo de 163 operativos. La AJ está cada vez más cerca de lograr un sector de apuestas seguro y responsable.
La destrucción de las máquinas ilegales
La autoridad de juego de Bolivia tiene la misión de procesar todos los elementos incautados de manera tal que no puedan volver a ingresar al circuito comercial de las apuestas ilegales. Así pues, la mayor parte de las máquinas ya han sido destruidas. La directora ejecutiva de la AJ, Jessica Saravia, anunció en octubre el desarme de 522 tragamonedas incautadas que estaban en posesión de la autoridad.
Para tal fin, la AJ cuenta con una convenio con la empresa Recuperadora de Metales – Bolivia S.R.L (Recumet), que está encargada del desmantelamiento y la destrucción de las máquinas. Asimismo, esta firma exporta las partes contaminantes de las tragamonedas para que sean procesadas de manera segura en el extranjero, ya que Bolivia no cuenta con la tecnología. Esta metodología de desarme de las máquinas responde a lo indicado en la Ley Nº 060 de Juegos de Lotería y Azar, y la Ley Nº 071 de Derechos de la Madre Tierra.
Recumet estuvo a cargo de la destrucción sostenible del 85% de las tragamonedas incautadas por la AJ. El acuerdo entre las entidades data del año 2017, y ha probado ser de provecho para la integridad de la industria del juego boliviana. Según la titular de la AJ, la pandemia fue uno de los agravantes en el crecimiento del juego clandestino, pero han existido otras variables.
Un panorama de la actualidad de Bolivia
La actual administración de la AJ ha redactado un Reglamento para la Prevención de la Ludopatía y Promoción del Juego Responsable. Como parte del protocolo, se incluyeron la autoexclusión y la exclusión por terceros. Con esto, la autoridad ha seguido las corrientes legislativas que están imperando en la actualidad entre los países vecinos.
Sin embargo, la anterior gestión del Estado, encabezado por Jeanine Áñez, incurrió en diversas irregularidades en el área del juego. Por ejemplo, entregó licencias a empresas que luego tuvieron que ser retiradas, pues no las firmas no cumplían los requisitos de transparencia y fiabilidad. El gobierno de Áñez tuvo acusaciones de falta de legitimidad constitucional y democrática por parte de otros países y de organizaciones internacionales, y actualmente la dirigente está presa por delitos de incumplimiento de deberes.
En cuanto al juego online, todavía no cuenta con una legislación especial, tal como sucede en la mayor parte de América Latina. Sin embargo, la dirección de la AJ ha anunciado que realizará una revisión de casas de apuestas deportivas en Bolivia para constatar su solvencia. Esto podría conllevar el cierre de una gran cantidad de sitios sin habilitación.
nan
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